El senador nacional Maurice Closs busca avanzar con un proyecto de ley para controlar la situación impositiva de empresas como Airbnb. La iniciativa se suma a la negociación entre los sectores público y privado del turismo, que intentan llegar a un acuerdo para sumar a estas plataformas a la oferta formal.

La actividad informal de las plataformas digitales que alquilan casas y departamentos con fines turísticos está cerca de encontrar su punto final. Tal como publicó Rèport hace una semana, en los últimos meses se conformó una mesa de trabajo entre la Secretaría de Turismo de la Nación, los funcionarios que conforman el Consejo Federal de Turismo, la AHT y la Fehgra, con el fin de llegar a un acuerdo para incorporarlas a la oferta hotelera formal. Ahora, de manera paralela a esta negociación sectorial, un senador nacional vinculado al turismo busca avanzar con un proyecto de ley para normalizar la situación impositiva de firmas como Airbnb.
El autor del documento es el senador misionero Maurice Closs, quien lo presentó en el Congreso el pasado 16 de abril. Actualmente se encuentra en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador Esteban Bullrich; y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, liderada por el chubutense Alfredo Luenzo. El texto, de poco más de cuatro páginas, es corto y conciso: en apenas ocho artículos resume su propuesta para hacer que los dueños registrados en Airbnb comiencen a ser alcanzados por los tributos del ámbito nacional.
La mecánica planteada consiste en convertir a esas compañías en agentes de información de la Administración Federal de Ingresos Públicos, una receta que implementaron con éxito en España desde enero de este año y que sirvió como modelo para la conformación de esta iniciativa. En caso de que la ley prospere, las empresas estarían obligadas a presentar una declaración informativa ante AFIP de todas sus operaciones en el país. La autoridad de aplicación de la norma jurídica, que será definida más adelante por el Poder Ejecutivo, sería la encargada de estipular la información requerida, el modo y la periodicidad de la presentación de esa declaración. A su vez, los huéspedes que comercializan allí sus casas y departamentos deberán comunicarles a las plataformas su condición de inscriptos en “el Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado o en cualquier otro tributo de alcance nacional” mediante la entrega de una copia del comprobante de inscripción. En ese marco, los propietarios que tengan hasta tres departamentos registrados en el sitio o que no superen una facturación anual de un millón de pesos abonarán el monotributo. A partir de cuatro propiedades o de una facturación superior a ese monto, comenzarán a pagar Ganancias e Ingresos Brutos.
Al mismo tiempo, el documento resalta que las viviendas alcanzadas por esta normativa serán solamente aquellas que trabajen en las plataformas digitales. De esta manera, inmobiliarias, hoteles, hosterías, pensiones, hospedajes, moteles, campamentos, apart-hoteles, posadas y alojamientos por hora quedarán excluidos.
Si bien el contenido de esta propuesta responde a uno de los más grandes reclamos de los hoteleros, la ley no apunta a reglamentar a Airbnb por ser perjudicial para un sector en particular, sino porque afecta a la sociedad en su conjunto. En primer término, porque la expansión de estos sitios de arrendamiento temporario en las ciudades incrementa los precios de los alquileres. En segundo lugar aparece la seguridad, ya que actualmente los anfitriones no están obligados a solicitar documentación ni pasaportes a sus inquilinos. El artículo 8° corrige esa situación al recordar que “las personas que brindan alojamiento con fines turísticos se encuentran alcanzadas por el artículo 55 capítulo II de la ley 25.871 de Migraciones, respecto a la prohibición de dar alojamiento a extranjeros que estén en situación irregular”.

Con el freno puesto
Más allá de que el proyecto ingresó al Congreso hace cuatro meses, aún no logró ningún tipo de avance. Las dos comisiones que lo tienen ni siquiera se sentaron a analizarlo, porque la actividad parlamentaria se encuentra completamente frenada a raíz de la agenda electoral. La intención del entorno de Maurice Closs es comenzar a posicionar el tema para su tratamiento el próximo año, cuando el Congreso retome su ritmo habitual.